Hay dos dificultades importantes que crean un alto riesgo de sobrepago:
En primer término, la complejidad de las tarifas y las normas que rigen su aplicación, donde imperan principios legales, económicos y técnicos.
En segundo término, la dificultad de adaptar, en forma permanente, esta situación compleja a condiciones dinámicas, como resultado de variaciones en los consumos y marcos regulatorios.
Debido a las características monopólicas de estos servicios, su prestación está regulada por el Estado, por medio de normas y reglamentaciones, cuyo objetivo es tutelar los derechos de los usuarios y evitar decisiones unilaterales, eventualmente arbitrarias por parte de las concesionarias, en congruencia con los derechos consagrados en los artículos 42 y 43 de la norma fundamental.
El pleno aprovechamiento de esta legislación protectora del Usuario requiere el asesoramiento de quienes conocen el modo de obtener el máximo beneficio de esas normas, sin el cual, muchos empresarios y funcionarios resignan buena parte de los recursos de sus empresas e instituciones a favor de las compañías prestadoras de servicios, a causa de pagos que no necesariamente deberían hacer.