Tras la firma del convenio entre la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, dirigentes de toda la Provincia comenzaron a capacitarse en la Diplomatura en Administración y Gestión de Asociaciones Civiles.

Articulada a través de la Dirección de Asociaciones Civiles y Mutuales de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, la capacitación tiene como meta brindar herramientas para poder mantener a las organizaciones en vigencia y llevar adelante acciones tanto con el sector público como con el privado.

“Esto es importante porque habíamos detectado que uno de los problemas que tenían las asociaciones, al momento de gestionar ciertos trámites, era el desconocimiento de cómo realizarlos. El Estado había actualizado su normativa, pero no lo había comunicado y terminaban con deudas documentales, fuera de vigencia o recurriendo a profesionales”, explicó Maite Alvado, directora de Asociaciones Civiles y Mutuales de la provincia de Buenos Aires.

Más de 500 personas se inscribieron en la capacitación, que tuvo en cuenta, al momento de inscripción, criterios de paridad de género en el aula y responsabilidad en el cargo. “Los cupos se agotaron en menos de 24 horas, lo que demuestra el éxito que tuvo. Estamos muy agradecidos con la Universidad y con el Rector Daniel Martínez. Fue un hecho único y deseamos que se repita y se amplíe”, agregó.

La Diplomatura, que es pública y gratuita, reúne conocimientos en distintas áreas como Personería jurídica, Gestión de proyectos y Comunicación, entre otros contenidos, proporcionando “una formación integral que permitirá a dirigentes y dirigentas realizar gestiones de manera autónoma”.

Y finalizó: “Buenos Aires es cooperativista; se ha formado desde sus cimientos gracias a la colaboración de grupos de vecinos que han intentado proveerse de servicios públicos o hacer valer sus derechos. Es muy importante lo que denominamos la comunidad organizada porque, cuando eso pasa, la sociedad se desarrolla y avanza y el Estado puede reconocer las demandas de una manera más concreta y precisa”.